Por Armando Yero La O
Desde el intento de invasión de Playa Girón en 1962, las acciones terroristas de Estados Unidos contra Cuba se cuentan por centenares y nada hace suponer que tales prácticas sean desestimadas como una de las vías más productivas para destruir a la Revolución.
Uno de los actos más salvajes lo constituye la voladura de
un avión de Cubana de Aviación en pleno vuelo en 1976, en Barbados, en el que
murieron 73 personas y la ola de atentados terroristas a las instalaciones
turísticas que tuvo lugar en la década del los '90, organizados y financiados
por la Fundación Nacional Cubano Americana
y que provocó la muerte de un turista italiano.
La política terrorista norteamericana ha costado a Cuba la
vida de 3.478 de sus ciudadanos y ha dejado incapacitados o afectados a 2.099.
El gobierno de Estados Unidos ha tolerado, e incluso
atentado físicamente en cientos de ocasiones contra el presidente Fidel Castro
y otros dirigentes de la Revolución.
Es el responsable del sabotaje al buque francés Le Coubre;
del incendio y destrucción de la tienda El Encanto; el que organizó y apoyó con
sus fuerzas armadas la fracasada invasión de Playa Girón; el responsable de
numerosos ataques piratas aéreos y navales contra poblaciones cubanas
indefensas e instalaciones civiles; el que ha apoyado la quema de cañaverales,
el ametrallamiento sobre territorio cubano, el ataque contra humildes
pescadores cubanos y el asesinato de combatientes de la Policía Nacional
Revolucionaria y Tropas Guardafronteras.
El gobierno de Estados Unidos tiene responsabilidad en los
actos terroristas cometidos con bombas y explosivos contra las misiones
diplomáticas de Cuba en Portugal, ante la ONU y en otros países, causando la
muerte y heridas graves a funcionarios diplomáticos cubanos. Es responsable de
la desaparición física de diplomáticos cubanos en Argentina, y del asesinato de
otro diplomático en la propia ciudad de Nueva York.
El 26 de abril de 2002 se desarticulaba un plan para atentar
contra el mítico cabaret Tropicana mediante un atentado con explosivos que
ponía en peligro la vida de más de mil personas, según revela el agente cubano
infiltrado en el comando, Percy Francisco Alvarado.
La actitud de Estados Unidos respecto al terrorismo es todo
lo contraria a la cubana. Cuba aprobó el 20 de diciembre de 2001 una ley contra
actos de terrorismo que establece duras penas para quienes utilizaran
territorio cubano, incluso, para organizar actos o financiarlos contra otros
países, como Estados Unidos. En cambio, en suelo de éste siguen entrenándose grupos
paramilitares para actuar contra Cuba.
Otra de las pruebas del cinismo norteamericano es la
detención de cinco cubanos que cumplen largas condenas en prisión, incluyendo
dos cadenas perpetuas, cuando intentaban detener a grupos terroristas de
ultraderecha exiliados en Miami que iban a perpetrar actos violentos contra
Cuba. Conocedores de esas intenciones, los cinco cubanos informaron a las
autoridades norteamericanas y como respuesta fueron encarcelados acusados de
espionaje.
Y mientras todo esto sucede, los medios de comunicación
continúan con sus campañas de acusación y acoso a Cuba. Al mismo tiempo que se
difunden ampliamente los manifiestos que condenan a la isla, se silencian los
que muestran su apoyo como el suscrito por más de tres mil intelectuales,
artistas y profesionales de 69 países, entre ellos cuatro premios Nobel, bajo
el título “A la conciencia del mundo”.
Se condenan sentencias judiciales cubanas a secuestradores y
se silencian masacres de otros gobiernos para “resolver” secuestros similares,
como el del teatro de Moscú con un centenar de muertos entre rehenes y
terroristas chechenos o el asesinato a sangre fría por orden de Fujimori de los
secuestradores de la embajada japonesa en Lima.
Por su parte, la Unión Europea, ha demostrado más que nunca
su hipocresía y doble rasero con la isla. Quienes nada han dicho sobre la
violación del derecho internacional en la invasión de Irak, quienes jamás
condenaron la pena de muerte contra menores de edad, enfermos mentales y
extranjeros a los que no se les permite la atención consular a la que tienen
derecho hasta alcanzar las 71 ejecuciones en Estados Unidos el pasado año,
ahora claman contra Cuba.
La Unión Europea hace “un llamamiento a las autoridades
cubanas para que eviten el sufrimiento inútil de los prisioneros y no los
sometan a tratos inhumanos”, mientras mira para otro lado ante los más de
seiscientos presos en el campo de concentración de Guantánamo, algunos con
nacionalidad europea, torturados, sin derecho a asistencia jurídica y sin visitas
de familiares.
Una Unión Europea que silencia los miles de presos en
cárceles de Estados Unidos tras los atentados del 11 de Septiembre por el
delito de ser musulmanes, sin garantías jurídicas, sin juicios y sin ni
siquiera haber publicado sus nombres.
Medidas de castigo diplomáticas, suspensión de acuerdos de
comercio y de cooperación, cancelación de visitas gubernamentales bilaterales,
reducción de la participación de los Estados europeos en acontecimientos
culturales, invitación a los disidentes cubanos a las embajadas en La Habana,
suspensión de programas de cooperación y solidaridad con Cuba.
Esas son las respuestas de la Unión Europea contra un país
que sólo exige el respeto a la Carta de las Naciones Unidas, que reconoce el
derecho de Cuba a escoger su propio sistema político, reconoce el respeto al
principio de igualdad entre los Estados y el derecho a la libre determinación
de los pueblos.
El divorcio entre la opinión pública y los gobiernos
seguidistas de Estados Unidos nunca ha quedado tan en evidencia como en el caso
de Cuba. Mientras la gran mayoría de los presidentes aplican sobre la isla las
políticas que les son dictadas por Bush, las manifestaciones de apoyo y
solidaridad se suceden espontáneamente donde quiera que vayan los gobernantes cubanos.
Todos esos gobiernos, y en especial el norteamericano, deben
saber que sus actos de agresión y acoso a Cuba no son compartidos por sus
pueblos. Unos pueblos que deben denunciar y enfrentar una campaña internacional
que busca sentar las bases que justifiquen una intervención militar que, en
nombre de la democracia y de los derechos humanos, sólo puede traer muerte y
saqueo.
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